Plan contra el fracaso escolar
El plan estrella para combatir el fracaso escolar en una comunidad como la valenciana con una tasa del 37% por curso, muy superior a la media nacional, se quedará, de momento, en un plan piloto en 19 centros escolares. Los ingredientes del plan se basan, fundamentalmente, en un “cambio de metodología y organización de las clases” y en la “detección precoz” de las necesidades educativas de los niños con problemas de aprendizaje. Para ello, recurrirá a convenios con las Consejerías de Sanidad, Justicia y Bienestar Social. El resto, dependerá del voluntariado de cada profesor y centro.
La formación en inglés, a través de grupos organizados para profesores en las Escuelas Oficiales de Idiomas, forma parte de la guinda.
La Consejería de Educación aprovechará también los “contratos-programa” que el exministro de Educación Ángel Gabilondo introdujo en el sistema educativo español para captar recursos. El próximo curso, el ministerio ha autorizado cinco millones para la Comunidad Valenciana para estos programas y la Generalitat tendrá que poner otros cinco.
El contrato-programa es una fórmula mediante la cual cada equipo directivo se fija unos objetivos para combatir el fracaso académico, el abandono escolar o superar su excelencia, en función del contexto socioeconómico del centro.
“Esto es la presentación de la última fase del plan de choque. El plan no está cerrado”, advirtió la consejera María José Catalá. Educación ha recibido más de 300 propuestas de padres, directores, sindicatos y patronales en las que “hay una coincidencia del 94%”. “El curso que viene se empezará por un pilotaje y se evaluará su aplicación al final”, antes de dar ningún paso más.
“La implicación de las familias es clave en la reducción del fracaso”, dijo Catalá que busca un convenio con la patronal valenciana para permitir que los padres participen en “tutorías”.
La Conselleria evaluará en 20 colegios la efectividad del plan contra el fracaso escolar antes de su implantación
La revisión de los criterios para optar a las ayudas que dependen de la Conselleria de Educación, que quiere tener en cuenta la renta familiar a la hora de aprobar su reparto, incluirá otra novedad que busca reconocer el esfuerzo de los alumnos.
La consellera María José Catalá anunció ayer que aquellos que hayan conseguido los Premios Extraordinarios de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria durante el presente curso tendrán la posibilidad de beneficiarse de la cuantía máxima de las ayudas independientemente de los ingresos del hogar.
De momento la medida afectará al bono libro, la subvención pública que permite reducir el coste del material escolar en Primaria y ESO, si bien desde Educación se estudia la posibilidad de ampliarla al comedor escolar. En el caso del transporte, pensado para alumnos que residen a determinada distancia del centro asignado, parece más improbable su aplicación. Tampoco afectará al bono infantil, la ayuda para financiar la escolarización de los niños con edades entre cero y tres años.
Catalá abogó por la importancia de «valorar el esfuerzo» de los estudiantes y destacó su intención de que «algunas ayudas vuelvan a regirse por el rendimiento académico, como la beca tradicional». Con las distinciones, que cada año se conceden a 200 alumnos propuestos por los centros, se reconoce a los estudiantes excelentes. Para hacerse una idea, es necesario tener una nota media superior al 9,25 durante los diferentes cursos de la etapa.
La consellera también avanzó algunas de las novedades derivadas de la inclusión de la renta en la adjudicación del bono libro, como la creación de un baremo que permita a los solicitantes acceder a diferentes porcentajes de la ayuda. Se habla de un 30%, un 70% y un 100% en función de la situación familiar.
Catalá recordó que el criterio económico también se valorará en el reparto del bono infantil. La previsión es llegar a 50.000 beneficiarios en los próximos años, cuando en la actualidad se distribuye entre 35.000 familias. Eso sí, reducir la cuantía de la ayuda puede suponer que la diferencia se repercuta en el precio final que pagan las familias. Hasta este curso el bono es universal y se concede a las escuelas por cada alumno matriculado.
La consellera recordó ayer que en el curso 2004-05 se daban entre 40 y 45 euros, mientras que actualmente se pueden alcanzar los 164, «pues se hizo un esfuerzo importante porque la situación económica era propicia». En cambio, ahora, «nada será lo mismo porque las cosas han cambiado».
Diagnóstico precoz. A través de convenios con Sanidad, Bienestar Social y ayuntamientos se quiere detectar desde Infantil a aquellos alumnos con riesgo de fracasar, ya sea por su situación social, física o por presentar problemas de aprendizaje.
Contratos y permisos. Se firmarán contratos programa con los centros para combatir el fracaso escolar y se trabaja en la creación de un permiso laboral que facilite a las familias la asistencia a las tutorías.
La renta contará para acceder al bonolibro y a la ayuda para la escolarización infantil
La revisión de los criterios para optar a las ayudas que dependen de la Conselleria de Educación, que quiere tener en cuenta la renta familiar a la hora de aprobar su reparto, incluirá otra novedad que busca reconocer el esfuerzo de los alumnos.
La consellera María José Catalá anunció ayer que aquellos que hayan conseguido los Premios Extraordinarios de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria durante el presente curso tendrán la posibilidad de beneficiarse de la cuantía máxima de las ayudas independientemente de los ingresos del hogar.
De momento la medida afectará al bono libro, la subvención pública que permite reducir el coste del material escolar en Primaria y ESO, si bien desde Educación se estudia la posibilidad de ampliarla al comedor escolar. En el caso del transporte, pensado para alumnos que residen a determinada distancia del centro asignado, parece más improbable su aplicación. Tampoco afectará al bono infantil, la ayuda para financiar la escolarización de los niños con edades entre cero y tres años.
Catalá abogó por la importancia de «valorar el esfuerzo» de los estudiantes y destacó su intención de que «algunas ayudas vuelvan a regirse por el rendimiento académico, como la beca tradicional». Con las distinciones, que cada año se conceden a 200 alumnos propuestos por los centros, se reconoce a los estudiantes excelentes. Para hacerse una idea, es necesario tener una nota media superior al 9,25 durante los diferentes cursos de la etapa.
La consellera también avanzó algunas de las novedades derivadas de la inclusión de la renta en la adjudicación del bono libro, como la creación de un baremo que permita a los solicitantes acceder a diferentes porcentajes de la ayuda. Se habla de un 30%, un 70% y un 100% en función de la situación familiar.
Catalá recordó que el criterio económico también se valorará en el reparto del bono infantil. La previsión es llegar a 50.000 beneficiarios en los próximos años, cuando en la actualidad se distribuye entre 35.000 familias. Eso sí, reducir la cuantía de la ayuda puede suponer que la diferencia se repercuta en el precio final que pagan las familias. Hasta este curso el bono es universal y se concede a las escuelas por cada alumno matriculado.
La consellera recordó ayer que en el curso 2004-05 se daban entre 40 y 45 euros, mientras que actualmente se pueden alcanzar los 164, «pues se hizo un esfuerzo importante porque la situación económica era propicia». En cambio, ahora, «nada será lo mismo porque las cosas han cambiado».
Fracaso escolar
Por otro lado, la máxima responsable del departamento dio a conocer los últimos pasos dados en el plan de choque contra el fracaso escolar. Explicó que se va a realizar un proyecto experimental con 20 centros valencianos en los que se aplicarán diferentes medidas con el objetivo de valorar su viabilidad. Además, a través de una evaluación posterior con los equipos docentes de los colegios participantes se podrán detectar necesidades que no figuren en el documento.
La consellera recordó algunas de las medidas del plan, como un diagnóstico precoz para detectar en las primeras etapas educativas a aquellos alumnos con más riesgo de abandonar las aulas, la creación de una autorización que permita a los padres acudir a las tutorías, el establecimiento de contratos programa con los centros, la posibilidad de dar autonomía pedagógica a los mismos o facilitar la formación del docente en nuevas tecnologías e idiomas.
